Por Dirk-Peter van Leeuwen, director ejecutivo de SUSE.
Por qué escribimos la carta
El debate sobre la soberanía digital ha cambiado. Lo que hasta hace poco preocupaba principalmente a los CISO gubernamentales y a los equipos de política de Bruselas, se ha convertido en una cuestión de alto nivel para las juntas directivas de organizaciones de todos los sectores. En un mundo geopolíticamente inestable, controlar la propia infraestructura y las aplicaciones es un requisito estratégico. Esto implica saber qué se ejecuta en los sistemas, poder cambiar de proveedor sin tener que empezar de cero y adaptarse a las circunstancias cambiantes. ¿Con qué rapidez puedo cambiar o adaptarme? Acelerar la adopción de soluciones soberanas es algo en lo que muchas personas y organizaciones están trabajando, no solo nosotros. De hecho, ha llegado hasta Bruselas.
Se prevé que la propuesta de una Ley de Desarrollo de la Nube y la IA de la UE (CADA) se presente el 27 de mayo como parte del Paquete de Soberanía Tecnológica de la UE. En esencia, se trata de una ley de capacidad: la UE actualmente está rezagada con respecto a EE. UU. y China en infraestructura de centros de datos, y la CADA está diseñada para acelerar la inversión, simplificar los permisos y triplicar la capacidad de computación de la UE en un plazo de cinco a siete años. Estos son objetivos legítimos y necesarios.
Pero la capacidad por sí sola no garantiza la rapidez. Se pueden construir centros de datos en territorio europeo, sujetos a la legislación europea, y aun así utilizar software propietario que la organización no puede inspeccionar, modificar ni reemplazar. Los edificios se vuelven europeos, pero la dependencia no. CADA tiene el potencial de abordar este problema en la fase de contratación, al exigir a los organismos del sector público que evalúen alternativas de código abierto antes de optar por una solución propietaria.
Nuestra carta solicita que CADA incluya un requisito vinculante de «Primero el código abierto»: una obligación para los organismos del sector público de evaluar si existe una solución de código abierto cualificada antes de considerar cualquier alternativa propietaria. Dicha evaluación debe estar documentada y ser auditable.
El caso es sencillo. Los beneficios del software de código abierto para la soberanía digital son bien conocidos. Sin embargo, el sector público sigue siendo el principal impulsor de la dependencia del software propietario en Europa. No porque el software de código abierto no pueda competir, sino porque los marcos de contratación pública nunca han exigido sistemáticamente que se tenga en cuenta.
El requisito de priorizar el código abierto modifica la configuración predeterminada sin restringir las opciones
Esto tiene que ver con la arquitectura, no solo con la geografía. Creo firmemente que el código abierto es el único enfoque que permite que la capa fundamental sea verdaderamente portátil y mantenible por cualquiera, no solo por el proveedor original. La ubicación geográfica es una condición necesaria para la soberanía, pero no suficiente.
Tras la carta, el Gabinete de la Vicepresidenta Ejecutiva Henna Virkkunen invitó a los firmantes a reunirse con ellos. La conversación fue alentadora. El Gabinete comprendió la urgencia del momento y reconoció que la industria del código abierto representa una alternativa viable a las soluciones propietarias. Tenemos la intención de seguir desarrollándola.
El cambio no surge de la nada, sino de la colaboración. Ahora abrimos la carta a más firmas. Si su empresa tiene su sede en Europa y opera en infraestructura en la nube, ciberseguridad, software empresarial o desarrollo de código abierto, le invitamos a que considere añadir su firma.
